Jaime
Luis Brito
La explotación sexual infantil genera jugosas ganancias y no se persigue a todos los involucrados /Foto: Realidades en QR |
Recuperamos
ahora las recomendaciones que Elena Azaola, investigadora mexicana, responsable
del estudio Infancia Robada, coeditado por la Unicef, el Sistema DIF nacional y
el Ciesas, en el año 2000. Se recomendaba entonces, diseñar una política
nacional que atendiera el problema, también el establecimiento de convenios de
colaboración con otros países. Además, la autora habla de “generar una
conciencia social acerca del fenómeno en la localidad, sensibilizando a la
población desde una perspectiva orientada por el reconocimiento de los derechos
de los niños y la violación a los mismos que supone su explotación sexual”.
Dice
además que debe cambiarse la forma de abordar el fenómeno, porque ocurre
regularmente una doble victimización de los menores, quienes viven la
investigación, sus procedimientos y estudios, como una nueva forma de abuso.
Por ello es necesario “adoptar medidas que permitan reforzar la aplicación de
las leyes existentes o efectuar las modificaciones necesarias para hacer
efectiva la persecución de los agresores”. Por ello, recomienda revisar los
Códigos Penales federal y estatales.
Y
aunque existe claridad de las penas que implica cometer estos delitos, no está
claro cuáles serían los alcances, si se tienen contemplados, por ejemplo a los
agresores, pero también a los explotadores, enganchadores y demás involucrados
en estos delitos que el Código federal considera “contra el desarrollo de la
personalidad”. Debería también prescribirse sanciones para “los clientes” que
se relacionen sexualmente con menores, pues su involucramiento es fundamental
para la construcción de un mercado.
Además,
debe brindarse atención y protección a los niños y niñas antes, durante y
después de iniciados los procedimientos, así como escuchar y tomar en cuenta
sus puntos de vista, pues de otro modo pueden provocárseles mayores daños y
convertirse en una doble victimización como consecuencia de la intervención
inadecuada de las agencias de procuración de justicia.
En
relación al tráfico de menores, se recomendó adoptar las recomendaciones de los
relatores especiales de Naciones Unidas sobre venta de niños, prostitución
infantil y utilización de menores en pornografía.
Y
así siguen las recomendaciones, mismas que hoy mismo, no se han actualizado y
cumplido, y estamos hablando de 16 años. Los gobiernos no tienen ninguna
intención de acabar con la trata de mujeres, menos aún de menores, dado que
implica un mercado que genera jugosas ganancias para todos los involucrados en
el proceso, y debido a la corrupción, también para los funcionarios que
deberían combatir este y otros delitos.
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