Naciones Unidas: palo a Graco

Jaime Luis Brito

El diplomático checo Jan Jarab, flanqueado por
el poeta Javier Sicilia y el exrector Alejandro Vera
en el WTC de Morelos, en septiembre de 2016,
después de una reunión sobre las diligencias en las
fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla
Foto: OnuDH México

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Onudh México), que dirige el diplomático checo Jan Jarab, desnudó y exhibió a nivel internacional las miserias del gobierno del perredista Graco Ramírez. En un comunicado hecho público la tarde del 24 de enero pasado, señala de forma lapidaria que el tabasqueño se dedica a perseguir políticamente a quienes lo incomodan con su acción o cuestionamiento, impide la separación de poderes en el estado y mantiene en la impunidad “el horror”, es decir, los crímenes de sus fosas clandestinas ubicadas en Tetelcingo y Jojutla.

Cuando se maquinó la detención de Alejandro Vera Jiménez ocurrida un día antes, seguramente el primer perredista del estado no se imaginó que la respuesta sería no sólo de las organizaciones civiles, de los universitarios y de los propios medios de comunicación. También obtuvo una respuesta al más alto nivel diplomático de la oficina que se encarga de dar seguimiento a las violaciones a los derechos humanos desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El comunicado sólo tiene tres párrafos, pero ha descrito al gobierno del tabasqueño en su justa dimensión, como lo padecemos día con día los morelenses:

“La detención del día de ayer del ex-rector Alejandro Vera por un tercer nuevo delito que se le imputa, abuso de confianza, refuerza aún más la sospecha sobre su persecución política. La cual no sólo es grave en sí misma sino que pone en cuestión la separación de poderes en el estado de #Morelos.

“Alejandro Vera es un funcionario y académico que incomodó al Gobierno poniéndose del lado de las víctimas, en particular de los familiares de víctimas de desaparición, pero también de otras muchas más.

“En este contexto, es preciso recordar que el horror de las fosas de #Tetelcingo y Jojutla sigue en la impunidad y nadie ha sido responsabilizado por ello”.

Y es que como le decíamos el miércoles pasado, utilizando el manual del lawfare, Graco utiliza todo el aparato estatal, al que tiene subordinado violando la separación de poderes, para perseguir políticamente a aquellos que se le oponen. Lo hace con Vera Jiménez, y lo hizo con Cuauhtémoc Blanco Bravo, a quien en diciembre de 2016, intentó destituir a través de tres vías, montando un juicio político en menos de 24 horas.

Lo ha hecho con Gabriel Rivas, hombre de izquierda e impulsor del movimiento popular, quien tiene demandas penales en su contra acusado de saquear una bodega del DIF donde Elena Cepeda acaparaba la ayuda para los damnificados del sismo en septiembre pasado. Lo ha hecho con Dagoberto Rivera Jaimes, líder de la Federación Auténtica del Transporte, quien se convirtió en uno de los más férreos opositores a Graco Ramírez, y a quien el tabasqueño ha aplicado la misma que a Vera Jiménez, comenzó acusándolo de cualquier cosa y luego le ha acumulado delitos hasta de narcotráfico. Lo ha hecho contra el obispo Ramón Castro y Castro, quien ha sido otra de las voces más críticas contra su gobierno por el infierno de la inseguridad. Al prelado lo ha llevado varias veces a Gobernación, acusándolo de violar la ley. Lo ha hecho con Gerardo Becerra. En fin.

La absoluta estupidez de los asesores del tabasqueño lo han llevado a un callejón sin salida. La próxima vez que intente encarcelar a alguno de los mencionados, a nivel nacional e incluso internacional, pesará sobre su cabeza el señalamiento de Naciones Unidas.

La separación de poderes en Morelos, cuestionada por la ONU, no existe. Los diputados de la actual Legislatura, se subordinaron al gobierno de Graco Ramírez hasta la ignominia. Se prestaron a legislar con dedicatoria a los enemigos políticos del gobernador, se convirtieron en juzgado sumario, aprobaron endeudamientos brutales y se negaron a fiscalizar y juzgar las tropelías de este gobierno. Por eso los diputados son cómplices de estos crímenes, en particular Hortencia Figueroa, Enrique Laffite, Edwin Brito, Julio Espín, Manuel Tablas, entre otros.

Finalmente, en relación con las fosas clandestinas de la Fiscalía de Graco ubicadas en Tetelcingo y Jojutla, hasta el momento, no existe un solo funcionario involucrado, de ningún nivel, que haya sido procesado y castigado. Y mientras tanto, en Morelos siguen los asesinatos, un año supera al anterior; los secuestros se incrementan; la desaparición de personas es imparable; en materia de feminicidios, Morelos tiene la tercer tasa más alta del país; y a ello hay que sumarle que nadie detiene los delitos que atentan contra el patrimonio de las personas. En respuesta, Graco presume y premia a su Mando Único, acusado de ejecuciones sumarias, tortura, abuso de autoridad y otras violaciones a derechos humanos.

Esas son sólo algunas de las evidencias de lo que la oficina de Naciones Unidas en México señaló en el comunicado del miércoles. El silencio es la respuesta. Graco está en la lona y la soberbia no le permiten darse cuenta de que es un cadáver político que cada día que pasa se mira al espejo y éste le devuelve una imagen muy parecida a la Javier Duarte.
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