Marco Antonio, historia de impunidad

Enero: casi 80 ejecuciones; Cuau-Vera, posible frente opositor

Jaime Luis Brito

La desaparición de un joven adolescente, menor de edad, por parte de policías de la Ciudad de México, a quien podrían haberlo sometido a tortura psicológica por cinco o seis días, dejándolo con un cuadro de delirio y confusión, del que será difícil reponerse y que afectará su vida y la de sus familiares y amigos.

No sólo un caso de abuso policiaco más. Estamos ante la presencia de un acto en el que, al cúmulo de desapariciones por parte de grupos de la delincuencia organizada, se suma la desaparición forzada perpetrada por grupos policiacos que deberían proteger a la ciudadanía.

En un escenario de militarización, como el que vive México, en donde se ha legalizado la función del ejército en labores de seguridad interior, permitir que acciones como esta permanezcan en la impunidad garantizan que se repitan una y otra vez en detrimento de los grupos menos favorecidos, asegurando la guerra de exterminio que padecen, por ejemplo, los jóvenes mexicanos.

Ahora fue Marco Antonio, pero antes fueron las masacres en las que han participado militares y policías en distintos puntos del país. El caso más sonado es el de Tlatlaya, una comunidad del Estado de México, en la que efectivos militares y agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) habrían masacrado a 22 personas, a 15 de las cuales las habrían ejecutado sumariamente. Este asunto continúa en la impunidad.

Pero también están otras historias, como la ocurrida apenas el 30 de noviembre, cuando un comando armado policiaco masacró a una familia en la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco. Según la versión oficial, las cuatro mujeres, el adolescente y la bebé asesinados esa madrugada en su propio domicilio, habrían muerto por el fuego cruzado. Sin embargo, las imágenes que fueron difundidas días después, dejan serias dudas de que así haya sido. Este asunto no se ha investigado a fondo y continúa en la impunidad.

Hasta ahora, los mecanismos que el Estado mexicano ha creado para servir de contrapeso para evitar los abusos de parte de las fuerzas armadas y del orden, simplemente no funcionan, porque la corrupción y la impunidad se prohíjan casi de manera dialéctica. La primera engendra a la otra y viceversa. Por ello, estamos en riesgo todos, mientras la clase política decide que es posible un retroceso como la Ley de Seguridad Interior.

El mayor de nuestros problemas es que en el escenario electoral que hoy padecemos, ninguna de las opciones se muestra al menos un poco preocupada por esta circunstancia. Más bien al contrario, las opciones que supuestamente impulsan “un cambio”, en realidad en sus documentos formales, se plantean hacer lo mismo, militarizar, es decir, combatir el crimen con estrategias de fuerza y no de prevención o cambio en las condiciones que son caldo de cultivo.

La opción que observo son la construcción de poder popular en espacios locales, la defensa del territorio y la construcción autonomía, como lo plantean los zapatistas o los pueblos y comunidades en resistencia. Porque a nivel macro, en el país, las opciones no tienen buena cara.

Por lo pronto, las imágenes que corren en las redes sobre el joven desaparecido varios días por la policía de la capital del país, son la revictimización de una persona que ha sufrido serios abusos provocados por agentes del Estado, y todo parece indicar que será una más de las historias de impunidad.

Engranes: Culmina el mes de enero y son al menos 75 personas asesinadas, más las que se acumulen en estas últimas horas. La estrategia del Mando Único no funciona y sin embargo, el gobierno de Graco Ramírez, en sus últimos estertores, prefiere armar una fiesta en la que actúa como payaso y da medallitas a los perros, a los que proclama héroes… Por cierto que en Casa Morelos deben estar temblando. Ayer circuló una fotografía de una reunión en la que participaron Cuauhtémoc Blanco Bravo y Jesús Alejandro Vera Jiménez. Ambos han afirmado en espacios por separado que buscan construir un frente común opositor a la continuidad del proyecto de Graco Ramírez que encarna su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda. Fue un primer acercamiento, todavía queda trecho hasta el 1º de julio…

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Cuauhtémoc Blanco, apuesta riesgosa

Jaime Luis Brito

El destape de Cuauhtémoc Blanco Bravo por parte de Andrés Manuel López Obrador en Chiapas produjo muchas reacciones entre los seguidores del tabasqueño. Por supuesto está la gente que no entiende como el candidato de Morena a la Presidencia de la República busca sumar a su aspiración a todos los actores posibles, así signifique una contradicción en su propio discurso. Las reacciones son de descalificación, pues saben del fracaso del exfutbolista en el gobierno de Cuernavaca.

También está la gente que no discute ni interpela ninguna de las decisiones del tlatoani. Son personas que primero aplaudían la posibilidad de tener los mejores candidatos posibles. Luego descubrieron que sólo tenían la opción de Rabindranath Salazar Solorio y de todos modos lo aplaudieron. Y finalmente, cuando el tabasqueño líder les impuso al Cuau, siguieron aplaudiendo. Alguno de ellos por la bajo, se acercó y dijo: “Bueno, antes cuestionábamos la posibilidad de que Rabín fuera el candidato. Ahora que nos impusieron a Cuauhtémoc, pues nos hemos dado cuenta de que estábamos mejor, cuando estábamos peor”.

Otras personas, simplemente se mantienen en la ruta de apoyar la elección de López Obrador a la presidencia de la república, pero se niegan rotundamente a apoyar al futbolista. “Tenemos dignidad”, sostienen, mientras ven cómo se les va de las manos la posibilidad de un cambio real en la entidad. Porque la única divisa de Blanco Bravo es que de ganar, se sostenga como aquel que ha prometido que meterá a la cárcel a Graco Ramírez y a su hijastro. Porque en realidad, el tabasqueño gobernador de Morelos, no es candidato a otra cosa que a pintarse de rayado.

En todo caso, desde mi particular punto de vista, López Obrador no manda una buena señal a los morelenses destapando a Blanco en Chiapas. Quizás lo que nos quiere decir el tlatoani es que sabe perfectamente que el futbolista puede tropezar con la Fiscalía para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) o con algún juzgado federal que finalmente le impida competir. Es posible que eso ya no le importe al líder, porque parece que en el fondo, lo que quiere AMLO es utilizar la popular figura de Blanco para ganar adeptos y luego, ni modo, así es la vida, desecharlo y colocar en la carrera a su amigo Rabín Salazar.

En todo caso, está visto que López Obrador ahora sí está haciendo lo que tenga que hacer para ganar la elección, sin importar poner en riesgo parte de la credibilidad que ha construido entre sus seguidores. La alianza con el PES es casi contranátura, pero realmente es querida por el tabasqueño, no por otra cosa concedió 75 distritos electorales en el país a esa fuerza política, entre ellos los nueve distritos de Tabasco, lugar donde nadie podrá derrotar al nativo de Macuspana.

Dicen los que saben que en el fondo está no sólo la posibilidad de disfrutar de las ventajas entre el electorado de la franquicia llamada Cuauhtémoc Blanco, inventada por José Manuel Sanz Rivera y llevada al mundo de la política por Julio César y Roberto Carlos Yáñez. También está el hecho de que los evangélicos del Partido Encuentro Social garantizan votos en territorios donde López Obrador no tiene alcance, como por ejemplo, los estados del norte del país.

Lo que más molestó a los morelenses es que, como siempre, se pongan por encima de los intereses locales los generales. El problema es que ya son varias veces las que nos han dado gato por liebre. La esperanza se diluye cuando el candidato popular llega y comienza a hacer de las suyas. Ahí está la experiencia de Sergio Estrada. Tampoco es posible decir que “es el menos malo”, pues ya ve que Graco resultó el peor.

En todo caso, la apuesta es realmente riesgosa, pero AMLO está dispuesto a sostenerla. No por otra cosa, perdida la seriedad, López Obrador hasta hizo la cuautemiña, con tal de hacerse de unos cuantos votos. Todo sea por ganar la cancha a la mafia en el poder. O al menos, eso es lo que dice.

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¿Y los derechos, Graco?

Una de tantas movilizaciones contra Graco Ramírez
/Foto: Aristegui Noticias

Jaime Luis Brito

Graco Ramírez asegura que su gobierno ha sido guiado por la idea de hacer de Morelos una “sociedad de derechos”. Sin embargo, en los hechos, esto sólo ha sido un eslogan publicitario vacío, ha sido parte de la simulación, pues la sociedad morelense no ha recuperado derechos fundamentales, más bien al contrario, ha perdido prerrogativas importantísimas en los ámbitos político, económico y social.

Si bien Morelos fue una de las primeras entidades en legalizar el matrimonio igualitario para personas del mismo sexo, quizás es la única área en la que avanzó. El problema es que en otros ámbitos, los morelenses perdieron derechos que hace mucho habían conseguido a base de lucha social y resistencia civil.

La regresión más importante en el gobierno del antidemocrático Graco Ramírez, en el ámbito de la llamada participación ciudadana. A partir del movimiento que derrocó a Jorge Carrillo Olea del gobierno de Morelos, en 1997, al cual le sacó raja política el perredista tabasqueño, pero fue la sociedad civil la que lo encabezó, se logró la aprobación de una reforma constitucional que creó el artículo 19 bis y luego su reglamentación, permitió a los morelenses soñar con la consulta ciudadana, el plebiscito y el referéndum.

Años más tarde se incorporó a la Constitución y a la ley, la revocación de mandato, lo que dio armas jurídicas para lograr que los gobernantes fueran sometidos a la voluntad popular cuando así se considerará necesario. Cuando Graco Ramírez realizó su campaña electoral, se comprometió a someterse cada dos años a la revocación cada dos años. Pero luego, con el Congreso sometido a sus caprichos, decidió derogar la ley de participación ciudadana y fue más allá, reformó la propia Constitución.

Esto último no fue sólo una ocurrencia, por esas fechas, organizaciones civiles y la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cansadas de los agravios del Ejecutivo, le habían recordado a Graco Ramírez su propuesta de someterse a la revocación de mandato cada dos años. El tabasqueño sabiendo que no superaría la prueba del ácido, simplemente ordenó que dejaran sin efecto la ley. Los legisladores lo hicieron sin discusión. Así, el supuesto gobierno de “la sociedad de derechos”, dejó a la población sin la posibilidad de ejercer sus derechos políticos de darse el gobierno que merece.

Pero no es el único ámbito con el que se puede ejemplificar. En el gobierno del panista Marco Antonio Adame Castillo, la Legislatura dominada por el PAN, pero con ayuda del propio PRD, decidió echar para atrás otra legislación que tenía Morelos y que estaba considerada de avanzada. Se trata de la reforma penal que permitía el aborto en determinadas circunstancias, como la violación o cuando la vida de la mujer está en peligro. Los panistas incorporaron un enunciado en el artículo 1º de la Constitución de Morelos en la que “se protege la vida desde el momento de la concepción”.

Graco Ramírez se comprometió en campaña a devolver a las mujeres la posibilidad del derecho a decidir. Incluso aseguró que legalizaría la posibilidad del aborto en cualquier circunstancia hasta las 12 semanas, como en la ciudad de México. No ha cumplido. A pesar de que el Congreso local responde a cualquiera de sus órdenes y deseos, Graco no ha mencionado ni enviado ninguna reforma en este sentido. Y si ya lo hizo, fue sólo para cubrirse las espaldas, porque hasta el momento no es un hecho. ¿Por qué?

De acuerdo con algunos analistas, Graco Ramírez tiene información en el sentido de que si impulsa una legislación de este tipo perdería algunos de los pocos aliados que le quedan, pero además, según la información con la que cuenta, la opinión pública no está lista para una iniciativa de este tipo. Es decir, su inacción en el caso de las mujeres tiene que ver con un cálculo electoral.

Así, las mujeres no importan. Tan es así que Morelos se encuentra, según datos oficiales como el tercer estado con la más alta incidencia de feminicidios en México. Las muertes violentas de mujeres se multiplican y no hay respuesta de las autoridades. La Alerta de Violencia de Género cumplirá en agosto tres años sin mayores resultados.

Estos son sólo dos ejemplos de que el gobierno de Graco Ramírez es una administración de mentiras y simulación. No existe la sociedad de derechos, a menos que reporte ganancias económicas o políticas.

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Naciones Unidas: palo a Graco

Jaime Luis Brito

El diplomático checo Jan Jarab, flanqueado por
el poeta Javier Sicilia y el exrector Alejandro Vera
en el WTC de Morelos, en septiembre de 2016,
después de una reunión sobre las diligencias en las
fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla
Foto: OnuDH México

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Onudh México), que dirige el diplomático checo Jan Jarab, desnudó y exhibió a nivel internacional las miserias del gobierno del perredista Graco Ramírez. En un comunicado hecho público la tarde del 24 de enero pasado, señala de forma lapidaria que el tabasqueño se dedica a perseguir políticamente a quienes lo incomodan con su acción o cuestionamiento, impide la separación de poderes en el estado y mantiene en la impunidad “el horror”, es decir, los crímenes de sus fosas clandestinas ubicadas en Tetelcingo y Jojutla.

Cuando se maquinó la detención de Alejandro Vera Jiménez ocurrida un día antes, seguramente el primer perredista del estado no se imaginó que la respuesta sería no sólo de las organizaciones civiles, de los universitarios y de los propios medios de comunicación. También obtuvo una respuesta al más alto nivel diplomático de la oficina que se encarga de dar seguimiento a las violaciones a los derechos humanos desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El comunicado sólo tiene tres párrafos, pero ha descrito al gobierno del tabasqueño en su justa dimensión, como lo padecemos día con día los morelenses:

“La detención del día de ayer del ex-rector Alejandro Vera por un tercer nuevo delito que se le imputa, abuso de confianza, refuerza aún más la sospecha sobre su persecución política. La cual no sólo es grave en sí misma sino que pone en cuestión la separación de poderes en el estado de #Morelos.

“Alejandro Vera es un funcionario y académico que incomodó al Gobierno poniéndose del lado de las víctimas, en particular de los familiares de víctimas de desaparición, pero también de otras muchas más.

“En este contexto, es preciso recordar que el horror de las fosas de #Tetelcingo y Jojutla sigue en la impunidad y nadie ha sido responsabilizado por ello”.

Y es que como le decíamos el miércoles pasado, utilizando el manual del lawfare, Graco utiliza todo el aparato estatal, al que tiene subordinado violando la separación de poderes, para perseguir políticamente a aquellos que se le oponen. Lo hace con Vera Jiménez, y lo hizo con Cuauhtémoc Blanco Bravo, a quien en diciembre de 2016, intentó destituir a través de tres vías, montando un juicio político en menos de 24 horas.

Lo ha hecho con Gabriel Rivas, hombre de izquierda e impulsor del movimiento popular, quien tiene demandas penales en su contra acusado de saquear una bodega del DIF donde Elena Cepeda acaparaba la ayuda para los damnificados del sismo en septiembre pasado. Lo ha hecho con Dagoberto Rivera Jaimes, líder de la Federación Auténtica del Transporte, quien se convirtió en uno de los más férreos opositores a Graco Ramírez, y a quien el tabasqueño ha aplicado la misma que a Vera Jiménez, comenzó acusándolo de cualquier cosa y luego le ha acumulado delitos hasta de narcotráfico. Lo ha hecho contra el obispo Ramón Castro y Castro, quien ha sido otra de las voces más críticas contra su gobierno por el infierno de la inseguridad. Al prelado lo ha llevado varias veces a Gobernación, acusándolo de violar la ley. Lo ha hecho con Gerardo Becerra. En fin.

La absoluta estupidez de los asesores del tabasqueño lo han llevado a un callejón sin salida. La próxima vez que intente encarcelar a alguno de los mencionados, a nivel nacional e incluso internacional, pesará sobre su cabeza el señalamiento de Naciones Unidas.

La separación de poderes en Morelos, cuestionada por la ONU, no existe. Los diputados de la actual Legislatura, se subordinaron al gobierno de Graco Ramírez hasta la ignominia. Se prestaron a legislar con dedicatoria a los enemigos políticos del gobernador, se convirtieron en juzgado sumario, aprobaron endeudamientos brutales y se negaron a fiscalizar y juzgar las tropelías de este gobierno. Por eso los diputados son cómplices de estos crímenes, en particular Hortencia Figueroa, Enrique Laffite, Edwin Brito, Julio Espín, Manuel Tablas, entre otros.

Finalmente, en relación con las fosas clandestinas de la Fiscalía de Graco ubicadas en Tetelcingo y Jojutla, hasta el momento, no existe un solo funcionario involucrado, de ningún nivel, que haya sido procesado y castigado. Y mientras tanto, en Morelos siguen los asesinatos, un año supera al anterior; los secuestros se incrementan; la desaparición de personas es imparable; en materia de feminicidios, Morelos tiene la tercer tasa más alta del país; y a ello hay que sumarle que nadie detiene los delitos que atentan contra el patrimonio de las personas. En respuesta, Graco presume y premia a su Mando Único, acusado de ejecuciones sumarias, tortura, abuso de autoridad y otras violaciones a derechos humanos.

Esas son sólo algunas de las evidencias de lo que la oficina de Naciones Unidas en México señaló en el comunicado del miércoles. El silencio es la respuesta. Graco está en la lona y la soberbia no le permiten darse cuenta de que es un cadáver político que cada día que pasa se mira al espejo y éste le devuelve una imagen muy parecida a la Javier Duarte.
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