viernes, 3 de agosto de 2018

Morelos: llenar el vacío con algo mejor

Protesta juvenil en Morelos /Foto: Cortesía
El “vacío de poder” que dice Jesús Alberto Capella Ibarra, comisionado de Seguridad Pública de Morelos, contribuye a que los cuerpos policiacos relajen la disciplina y además los grupos criminales “aprovechen la situación” para saltar al escenario y enloquecer el estado, sí existe. Pero no como lo plantea el funcionario primer responsable de esa ola de inseguridad.
La verdad es que parece que el gobierno de Graco Ramírez efectivamente ha soltado el poco o mucho control del estado, no para provocar un caos anárquico o arbitrario, sino con un sesgo que le permita sacar ganancia de pescador en río revuelto. El descontrol va generando incertidumbre, confusión y zozobra.
Así que sí, existe el vacío de poder, pero no completo, no por las razones que esgrime Capella Ibarra, sino más bien para ganancia de aquellos que perdieron en la elección, que no pudieron imponer la continuidad de su proyecto y que ahora quieren obstaculizar, así sea destruyendo el estado, la posibilidad de salir adelante con un nuevo gobierno.
Javier Sicilia lo ha dicho varias veces, a Graco Ramírez se le esfumó la posibilidad de una candidatura a la Presidencia de la República, se le acotaron todos los escenarios que pensó en algún momento a nivel nacional, se le cerraron las puertas. Así que sólo le quedaban las ruinas de Morelos, quiso a toda costa quedarse para reinar sobre ellas, como un feudo, siguiendo la tradición de su familia de ser caciques. Pero ni eso ha podido, así que ahora, piensa con despecho que si no fue para él, entonces mejor que no sea.
Me preguntan qué se puede hacer. Pues hay muchas cosas que se pueden hacer. La ciudadanía dio muestras claras en todo el país, que todavía confía en los caminos pacíficos para generar cambios. En Morelos también, desde hace años la sociedad civil se ha organizado para llevar a cabo cambios. Lo han hecho en la defensa de su territorio como en Tepoztlán, Amilcingo, Huexca, Tetlama y otros. Lo ha hecho para la defensa del patrimonio cultural, como con la defensa del Casino de la Selva. Lo ha hecho por la defensa de su decisión de autogobernarse, como en Tlalnepantla o en los nuevos municipios indígenas.
La organización es la respuesta. La organización no es espontánea, surge de la necesidad de la gente de resolver los problemas que nadie más le resuelve. Es claro que la policía no resuelve los problemas de inseguridad, por ello, frente a eso, los pueblos y comunidades deciden organizarse y con los pocos recursos con que cuenta, decide controlar los accesos a sus territorios, hacerse cargo de quienes son considerados los violentos.
Organizarse con los vecinos para tener un control de la calle, de la cuadra, es un primer paso. Sumar otras calles puede llevar a que la comunidad sea un mejor espacio para vivir. Incluir a otras comunidades cercanas puede hacer municipios transformados. No es fácil y no todos ni todas le entran. Es natural. Pero siempre habrá buena disposición con claridad de argumentos y objetivos sobre la mesa.
Porque en el fondo, el Estado está rebasado y se ha convertido en un sistema entrópico que se devora a sí mismo y va destruyendo y tragando todo lo que encuentra a su paso. Suena utópico, sí. Pero Cherán y otras comunidades nos dicen que es posible, en lo pequeño, en lo cercano, en lo simple. Sobre todo, porque el “vacío de poder” se puede llenar de algo peor, aunque para estas alturas, usted crea que no es posible estar peor.
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jueves, 2 de agosto de 2018

Graco: simulación e irresponsabilidad

Foto: Cortesía/Especial
El gobierno de Graco Ramírez sigue ensayando lo que mejor le sale: la simulación y la evasión de toda responsabilidad. La crisis que vive la entidad en materia de seguridad, no es un asunto que tiene que ver con las elecciones y “el vacío de poder” que, según lo afirma su encargado de seguridad, se genera en la transición. La crisis de seguridad pública es un asunto que ha golpeado a toda la entidad a lo largo de todo el sexenio. El modelo de Mando Único policiaco no funcionó, porque la entidad sigue siendo una de las más peligrosas para vivir, y de hecho, la estrategia de seguridad del actual gobierno, la hizo todavía más riesgosa.
La muestra es el hecho de que el Mando Único se convirtió en el cuerpo estatal que más violaciones a los derechos humanos ha cometido anualmente desde que se creó. La tortura, como práctica sistemática para obtener autoinculpaciones, las detenciones ilegales, que sólo en 2017 se cometieron una diaria en promedio, los malos tratos y en general, los abusos contra los ciudadanos, que en algunos casos han llegado incluso a la muerte de algunas personas en circunstancias sospechosas.
La situación más complicada fue la masacre que ocurrió en noviembre de 2017, cuando elementos del Mando Único llegaron y atacaron a una familia en una vivienda en la colonia Rubén Jaramillo, en Temixco, en la que fallecieron tres mujeres, un adolescente y un bebé. La explicación es que los policías se enfrentaban a presuntos delincuentes y que las víctimas resultaron de un “fuego cruzado”. Incluso se invirtieron recursos en el pago de medios de comunicación para desmentir el hecho. Luego incluso, se recurrió a otra estrategia muy usado en este gobierno que es la de criminalizar a las víctimas.
Así que Jesús Alberto Capella Ibarra, el titular del Mando Único, no tiene cara para decir que la culpa de los niveles de violencia que hoy vive Morelos son una consecuencia de un “vacío de poder” por la transición. En los últimos días ha habido la emergencia de grupos de autodefensa en nueve municipios de la entidad, pero también una fuerte protesta social de la gente de Tetela del Volcán y Hueyapan, quienes sitiaron Cuautla en demanda de seguridad; esos mismos pobladores, en el día que se vencía el ultimátum dado al gobierno para dar respuesta, terminaron linchando a un presunto extorsionador, ante la indiferencia de las autoridades.
Es claro que Morelos siguen ocupando los primeros lugares en materia de homicidio, de feminicidio, de robo con violencia en todos los rubros, y no tiene que ver con un “vacío de poder”, porque además, si éste existe, no es responsabilidad de las autoridades que están por llegar, sino de quienes todavía tienen 60 días en el poder. Así que no pueden simular que ellos han hecho las cosas bien ni pueden evadir la responsabilidad no sólo de los próximos 60 días, sino de los seis años que han contribuido por acción u omisión, a que Morelos sea, como dice Javier Sicilia, “el infierno”.
Por lo pronto, ayer el Frente Amplio Morelense lo dejó bien claro. Es fundamental “que el gobierno federal se haga cargo del proceso de transición; que la PGR atraiga las investigaciones del asesinato de Romualdo Ixpango Merino; que la siguiente Legislatura Federal inicie en un mes un juicio político contra Graco Ramírez”. Porque es fundamental que “el próximo gobierno de Morelos debe iniciar con condiciones mínimas de gobernabilidad; Graco Ramírez debe ser relevado de inmediato de su cargo y juzgado por los delitos y crímenes cometidos, pues es el principal responsable de todo lo que ocurre y el más interesado en dejar un estado en llamas”.
Es fundamental que la federación tome en cuenta esto. La reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Blanco Bravo de este miércoles, es importante, como camino para mejorar el proceso de transición. Ojalá se mejore y sobre todo, ojalá que la impunidad no campee después del 1º de octubre.
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miércoles, 1 de agosto de 2018

Graco apuesta al caos

La situación en Morelos es totalmente caótica. Todo parece indicar que Graco Ramírez y su pandilla soltaron a sus perros, y por acción u omisión apuestan por la desestabilización total en todos los aspectos. Frente a la derrota que le propinó la ciudadanía en las urnas, el tabasqueño ha tenido una nueva dosis de realidad. Ha topado de nueva cuenta con pared y esta vez sabe que se encuentra en un callejón sin salida.
Algunos aseguran que intenta a toda costa negociar su posible llegada a la dirigencia nacional del PRD, como una forma de mantener cierto blindaje político. Ha presumido desde los primeros minutos acercamientos con Andrés Manuel López Obrador, para tratar de dar cierta calma a sus cómplices. Pero es claro que ni la llamada de Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, misma que presumió en redes sociales el 2 de julio pasado, ni la imagen en la que aparece con AMLO en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el 12 de julio, tuvieron el efecto tranquilizante que esperaba.
Graco Ramírez fue uno de los acérrimos opositores a la campaña de López Obrador y el ahora virtual presidente, sabe que si quiere dejar claro que su prioridad es el combate a la corrupción, no sólo es importante bajar los salarios del gabinete, de la burocracia e impulsarla en el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, también es fundamental que algunos de los íconos de la corrupción sean detenidos, procesados y castigados por ello.
Graco es un objetivo prioritario en este sentido. Los mandatarios estatales, con sus honrosas excepciones, han sido los principales perpetradores del saqueo en los estados. Así que el que todavía ocupa Casa Morelos está servido en bandeja de plata. Hace un año, cuando inició la Marcha por Morelos, Javier Sicilia lo dijo claramente: “Graco es el Duarte de Morelos”.
Y sí, los paralelismos son únicos: una grupo que se ha enriquecido de manera insultante mientras el estado se sume en la pobreza y la parálisis económica; el incremento de la inseguridad en la que ha el gobierno ha sido cómplice por acción, como en las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, o por omisión, como en el incremento grosero de los homicidios, las extorsiones y los feminicidios.
Por eso, Graco ha regresado a su plan de tratar de conseguir impunidad y protección desde el centro, con un cargo político. La dirigencia del PRD nacional es el último recurso. En tanto, hace todo por dejar las peores condiciones para la llegada del nuevo gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco, quien a su vez ha dicho una y otra vez que meterá a la cárcel al tabasqueño.
En esa trama, como siempre, la ciudadanía queda en medio. Por eso es fundamental el papel que ha estado tomando en las últimas semanas. El movimiento de los pueblos en el oriente es importantísimo y no puede juzgársele a la ligera. La organización de autodefensas puede sentar un precedente importante para la construcción de una verdadera seguridad ciudadana.
En tanto, las protestas de otros pueblos contra el monopolio del transporte y sus decisiones arbitrarias de aumentar el costo del pasaje, también podrían ser el caldo de cultivo de una nueva forma de relacionarse entre prestadores de servicios y usuarios. Pero ello se logrará si esos movimientos maduran y alcanzan una fase de organización tal que produzcan servicios alternativos comunitarios.
Pero falta que otros sectores se pronuncien, porque literalmente “nos están matando”, como dicen las mujeres para repudiar el feminicidio. El asesinato del líder campesino Romualdo Ixpango demuestra que hay grupos políticos que están dispuestos a todo con tal de no perder privilegios, ello con la complicidad del gobierno del estado que no hace absolutamente nada.
Hay que poner manos a la obra. El miedo está bien, pero no el terror paralizante. Si dejamos, como ciudadanía, que las cosas sigan como van, no vamos a tener un estado en el cual vivir. Es la hora.
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